Ningún orden público está por encima de los derechos humanos

1. Airomi Smith no está solo. Osvaldo Lorenzo y Luigi Arguelles completan la lista de trabajadores, sindicalistas del SUNTRACS, asesinados desde agosto 2007 hasta la fecha por miembros de la Policía Nacional, o por particulares en presencia de la misma. En julio vimos los excesos del SPI en las inmediaciones de la Presidencia frente a los afectados por dietilenglicol. En octubre fue el turno de los indígenas en Bayano, desplazados sin indemnización ni respuesta oficial hace más de 30 años. Las comunidades indígenas y campesinas organizadas en defensa de sus tierras y de los ríos, en defensa de sus formas pacíficas y sustentables formas de vida, también han experimentado la creciente represión, que ha pasado a ser la norma en el tratamiento de los problemas sociales por parte del gobierno.

Evidentemente, un malestar colectivo de amplio y profundo origen se manifiesta en forma de protesta social, sin que las autoridades gubernamentales puedan realizar políticas públicas coherentes e integrales para atender el complejo problema de fondo político y económico.

2. Un Estado de Derecho como pretende serlo Panamá, supone el sometimiento de todos, pero especialmente del poder estatal al imperio de la ley con el objetivo superior de garantizar los derechos fundamentales de todo ser humano; solamente en presencia de tales garantías es legítimo hacer un llamamiento al orden público constitucional y legalmente definido.

No se puede llamar al orden público si antes los servidores públicos no tienen la voluntad de cumplir positivamente con su obligación de garantizar la vida, integridad y dignidad de quienes estén bajo la jurisdicción del Estado panameño. De ninguna manera cabe el argumento del orden público para la criminalización a priori del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, para exigir al ciudadano su conformidad a un orden social, político y económico abiertamente injusto, institucionalmente deficiente, contradictorio con los derechos humanos de las mayorías.

La reglamentación y fiscalización de la seguridad y salud del ciudadano en su espacio de trabajo y en la comunidad, la protección de la salud y alimentación de los habitantes ante al incremento en el costo de la vida, el respeto al debido proceso, son ejemplos de responsabilidades del Estado que antes, durante y después de los últimos acontecimientos, han sido y continúan siendo incumplidas.

3. Cuando el Presidente Torrijos, el Ministro de Gobierno Delgado Diamante, y el Ministro de Trabajo Salamín dicen que con las manifestaciones se pone en peligro la economía del país, olvidan que ellos mismos en complicidad con el resto del Gabinete y el Órgano Legislativo, han promovido políticas económicas que afectan la repartición debida de las riquezas en un país que actualmente ostenta un crecimiento económico del 10% anual (del que tanto se enorgullecen), y sin embargo el 50% de la población vive en pobreza o pobreza extrema mientras unos cuantos viven en opulencia.

4. Mal puede llamar al orden quien no cumple sus obligaciones, o quien intenta blindar el abuso y la incapacidad con irracionalidad e indolencia: un ser humano, trabajador, estudiante, padre, esposo, amigo y compañero, en la entrada de un centro de atención médica, de espaldas, evidentemente no resulta un peligro para una unidad de policía armada y entrenada que además, a nadie tenía que perseguir en tal lugar. No importa cuantas voces, pagadas o acostumbradas, intenten justificar lo injustificable.

La reiteración de la conducta evidencia una inclinación totalitaria y déspota, por lo que nos sumamos a las voces de protesta y hacemos un llamamiento a la unidad solidaria de quienes desde diversos espacios luchamos por la dignidad y el bienestar de la humanidad, para exigir o construir justicia, contra la violencia institucionalizada, la corrupción y la impunidad, barreras mayores para la vigencia efectiva de nuestros derechos humanos.

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