Ningún orden público está por encima de los derechos humanos

1. Airomi Smith no está solo. Osvaldo Lorenzo y Luigi Arguelles completan la lista de trabajadores, sindicalistas del SUNTRACS, asesinados desde agosto 2007 hasta la fecha por miembros de la Policía Nacional, o por particulares en presencia de la misma. En julio vimos los excesos del SPI en las inmediaciones de la Presidencia frente a los afectados por dietilenglicol. En octubre fue el turno de los indígenas en Bayano, desplazados sin indemnización ni respuesta oficial hace más de 30 años. Las comunidades indígenas y campesinas organizadas en defensa de sus tierras y de los ríos, en defensa de sus formas pacíficas y sustentables formas de vida, también han experimentado la creciente represión, que ha pasado a ser la norma en el tratamiento de los problemas sociales por parte del gobierno.

Evidentemente, un malestar colectivo de amplio y profundo origen se manifiesta en forma de protesta social, sin que las autoridades gubernamentales puedan realizar políticas públicas coherentes e integrales para atender el complejo problema de fondo político y económico.

2. Un Estado de Derecho como pretende serlo Panamá, supone el sometimiento de todos, pero especialmente del poder estatal al imperio de la ley con el objetivo superior de garantizar los derechos fundamentales de todo ser humano; solamente en presencia de tales garantías es legítimo hacer un llamamiento al orden público constitucional y legalmente definido.

No se puede llamar al orden público si antes los servidores públicos no tienen la voluntad de cumplir positivamente con su obligación de garantizar la vida, integridad y dignidad de quienes estén bajo la jurisdicción del Estado panameño. De ninguna manera cabe el argumento del orden público para la criminalización a priori del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, para exigir al ciudadano su conformidad a un orden social, político y económico abiertamente injusto, institucionalmente deficiente, contradictorio con los derechos humanos de las mayorías.

La reglamentación y fiscalización de la seguridad y salud del ciudadano en su espacio de trabajo y en la comunidad, la protección de la salud y alimentación de los habitantes ante al incremento en el costo de la vida, el respeto al debido proceso, son ejemplos de responsabilidades del Estado que antes, durante y después de los últimos acontecimientos, han sido y continúan siendo incumplidas.

3. Cuando el Presidente Torrijos, el Ministro de Gobierno Delgado Diamante, y el Ministro de Trabajo Salamín dicen que con las manifestaciones se pone en peligro la economía del país, olvidan que ellos mismos en complicidad con el resto del Gabinete y el Órgano Legislativo, han promovido políticas económicas que afectan la repartición debida de las riquezas en un país que actualmente ostenta un crecimiento económico del 10% anual (del que tanto se enorgullecen), y sin embargo el 50% de la población vive en pobreza o pobreza extrema mientras unos cuantos viven en opulencia.

4. Mal puede llamar al orden quien no cumple sus obligaciones, o quien intenta blindar el abuso y la incapacidad con irracionalidad e indolencia: un ser humano, trabajador, estudiante, padre, esposo, amigo y compañero, en la entrada de un centro de atención médica, de espaldas, evidentemente no resulta un peligro para una unidad de policía armada y entrenada que además, a nadie tenía que perseguir en tal lugar. No importa cuantas voces, pagadas o acostumbradas, intenten justificar lo injustificable.

La reiteración de la conducta evidencia una inclinación totalitaria y déspota, por lo que nos sumamos a las voces de protesta y hacemos un llamamiento a la unidad solidaria de quienes desde diversos espacios luchamos por la dignidad y el bienestar de la humanidad, para exigir o construir justicia, contra la violencia institucionalizada, la corrupción y la impunidad, barreras mayores para la vigencia efectiva de nuestros derechos humanos.

firmas responsables

Ramon Benjamin M. 8-726-2480

Cristel De León 4-742-1627

Joao Quiroz G. 8-800-194

Sobre la pobreza: más allá del discurso

Hoy, aprovechando el llamado global contra la pobreza dentro de la Campaña por los Objetivos del Milenio, declarando la insuficiencia de las buenas intenciones, hacemos un llamado contra la exclusión social.

El ejercicio desigual y perverso de las relaciones de poder, mediante procesos económicos, políticos y culturales excluyentes, genera múltiples manifestaciones que atentan contra la dignidad humana, entre las cuales está la pobreza, entendida como carencia económica frente a un indicador determinado.

Así entendida, podríamos superar nominalmente el problema de la pobreza sobrepasando cierto nivel de ingreso o consumo, sin necesariamente afrontar la desigualdad de derechos que se ejerce en la práctica, en el acceso a la salud, educación, sistema de justicia, seguridad, agua, alimentación, trabajo decente, distribución de la tierra, participación política, todas manifestaciones de un sistema social excluyente y discriminatorio.

¿Nuestro papel como ciudadanos, estudiantes y profesionales?

Exigir que las políticas públicas y de los organismos internacionales vayan más allá de maquillar la realidad manipulando las estadísticas, de llamar a días especiales contra todo y contra nada, de las conferencias y banquetes refrigerados, declaraciones vacías, fotos de sociedad, Récord Guinness y solidaridad cibernética.

Sólo la amplia participación ciudadana y la constante y radical democratización de los procesos sociales –lo que pasa por ejercer nuestros deberes y derechos como seres humanos- pueden lograr un cambio en las políticas sociales, en el contenido y papel del Estado, superando la coyuntura, el clientelismo y el generalizado parasitismo de los fondos públicos, pasando de herramientas de dependencia a instrumentos para el cumplimiento de las obligaciones del Estado hacia la satisfacción de derechos fundamentales integrales, interdependientes y progresivos, cada vez más amenazados por un orden político y económico dominante a nivel nacional y global absolutamente cuestionable, abiertamente excluyente, productor y reproductor de injustas y extremas desigualdades.

Los recursos necesarios para la mejor calidad de vida de los seres humanos existen hace tiempo, pero han sido destinados al mantenimiento de un orden basado en la explotación, la represión, la injusticia legalizada, la propaganda, el ejercicio continuo de la violencia institucional. Esto no cambiará por hermosas declaraciones, ni por la buena voluntad, la demagogia del discurso o el repentino despertar de la conciencia de aquellos hoy beneficiados.

Solamente los excluidos, en primera persona, nosotros conscientes de nuestra condición y solidarios con nuestros semejantes en mayor desventaja, trabajando en cada espacio por revertir esta amplia exclusión, podemos hacer avanzar la justicia en esta tierra.

Porque los derechos humanos son herencia de lucha de la humanidad, no podemos quedarnos en la cómoda neutralidad, en la desconexión de la realidad concreta, en la exquisitez de un discurso profesional que sólo sirve como medio de sustento individual sin ensuciarse las manos, en la inconsecuencia útil al status quo. Hoy y siempre nos manifestamos en contra de la pobreza, en contra de vivir y hacer espectáculo de la pobreza y contra toda forma de exclusión social. El ser humano primero.

Ciudad de Panamá, miércoles 17 de octubre de 2007

Breve comentario sobre la situación del sistema educativo nacional

Comunicado nº 9, Ciudad de Panamá, martes 10 de abril de 2007

Toda persona tiene derecho a la educación… La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Articulo 26, Declaración Universal de los Derechos Humanos

La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.

Artículo 13, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El derecho humano a la educación es fundamental. Relacionado con la salud integral de la persona, con su capacidad posterior de acceder a la información, expresarse, obtener un trabajo, mejorarse continuamente y mantener una identidad, ofrece al ser humano las herramientas y capacidades básicas para modificar su existencia mediante la construcción, desarrollo y puesta en práctica de conocimientos. En este proceso el sistema público de educación es piedra angular, aun considerando su inserción dentro de un sistema social conflictivo que limita y modifica sus formas y contenidos siguiendo requerimientos no definidos de manera colectiva.

No basta declarar que toda persona tiene derecho a la educación. No es suficiente decir que la educación fundamental es gratuita cuando en realidad, todos sabemos que eso es falso. Ni que es obligatoria cuando, a pesar de lo que digan las autoridades, las escuelas otra vez no están listas; cuando los maestros de nuevo no están nombrados, o llegan martes y se van jueves justo dónde mas se los necesita, o cuando no están preparados para enseñar más nada que paquetes educativos importados y afines a ciertos intereses, cuando muchos de ellos no tienen la vocación para pelear por algo más que “conquistas magisteriales”.

Incluso no bastaría si tuviésemos personal, infraestructura y materiales cuando el fin declarado del proceso educativo es hacer gente entrenada en lo necesario para el mercado en un país de servicios y nada más, en lugar de seres humanos completos en un país también completo. Pero ni eso son capaces de hacer, ni eso quieren hacer. Porque alegar improductividad, baja calidad, incapacidad de los servicios públicos educativos, es la forma ya experimentada en otras áreas para transformar nuestros derechos en privilegios, para sacar de la esfera pública las responsabilidades estatales y entregarlas al sector privado.

Nosotros jóvenes, no solamente tenemos el derecho a educarnos sino, junto al resto de los actores sociales consecuentes con un ideal de paz sin opresión, libertad real y no formal, justicia social, igualdad de oportunidades, respeto y valoración a las diferencias, tenemos la responsabilidad de exigir una educación integral como seres humanos que somos, intrínsecamente algo más que apéndices del sistema económico que impone su lógica al resto de las esferas sociales.

Mañana, los hijos de quienes hoy nos beneficiamos aun limitadamente con la educación pública, no tendrán ni siquiera ese beneficio y la lucha por la dignidad humana habrá de requerir mayores esfuerzos. Hoy podemos adoptar una posición seria, elevar nuestros niveles personales de exigencia y asimismo exigir el mantenimiento, elevación y ampliación necesaria de los beneficios sociales producto de nuestro trabajo e impuestos.

Educarse es algo más que letras, números y notas. No solamente es acceder, sino tener la posibilidad de permanecer y progresar según nuestras capacidades y deseos, recibir contenidos de calidad, que refuercen integralmente al individuo y respeten su identidad cultural.

No nos equivoquemos, aún la idea de disminuir requisitos y contenidos no es beneficio para el pueblo a largo plazo. Es reducir los niveles del instrumento de cambio por el cual debemos empezar a fortalecernos para mejorar nuestros niveles de vida. Es facilitar su entrega a quienes solamente se interesan de las cosas en función de su rentabilidad. No podemos fortalecernos si en lugar aprovechar los mínimos existentes y exigir constante y conscientemente una mejor educación, nos conformamos con aceptar gradualmente la decadencia como algo normal o como un mal sin solución.

En todo caso, debemos reconocer que todos, en mayor o menos grado somos algunos culpables, responsables y víctima de este problema, y que todos, cada uno en su trinchera, tiene algo que hacer o exigir que se haga al respecto.

Ya todos somos parte de la familia universitaria, todos tenemos la responsabilidad de mejorarnos continuamente y con una visión profundamente solidaria, ayudarnos y ayudar de verás a quien viene detrás de nosotros. Bienvenidos todos los estudiantes de primer ingreso, bienvenidos todos a la lucha.

Firmas Responsables

Cristel De León

Joao Quiróz Govea
Ramón H. Benjamín M.

Octavio Vargas

Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Sólo las personas que hemos sufrido la desaparición de un ser querido, pueden entender la clase de dolor y frustración, que es parte de nuestra vida cotidiana, una herida sin sanar”

Patria Portugal

Sobre el caso Heliodoro Portugal

Han pasado mas de 30 años desde la desaparición del líder sindical Heliodoro Portugal, hecho que junto a otros casos de violaciones a los derechos humanos ha trascendido hasta instancias legales internacionales, procurando escapar de la oscuridad que nuestro “sistema de justicia” ha propiciado para los casos de más de 140 desaparecidos durante la dictadura militar, manteniendo en la impunidad la mayoría de los autores materiales e intelectuales de estos atropellos a la dignidad humana.

Patria Portugal, hija del desaparecido, ha esperado en vano más de 10 años por una respuesta de parte del Estado panameño. En 1990, cuando pone la denuncia ante la fiscalía, la decisión del juez, a petición del fiscal, fue dar un sobreseimiento provisional que duró hasta el año 2000 con la reapertura del caso al encontrar osamentas en el antiguo Cuartel de Tocumen. En el 2001 fue citada por el Procurador General de la Nación para informarle que nuevas pruebas de laboratorio habían dado como resultado que las osamentas que ella tenía enterradas no pertenecían a las de su padre. Después de este hecho no se han dado mayores respuestas por parte del Estado panameño, en una muestra más del estado del sistema de justicia plagado de mora judicial, aplicación diferencial del derecho, encubrimiento de crímenes de una era caracterizada por la violencia contra opositores al régimen dictatorial.

El 31 de mayo de 2001 la denuncia inicial fue presentada por CEJIL y Patria Portugal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que al finalizar un año después, el 25 de octubre de 2002, su 116° período ordinario de sesiones emitió informe de admisibilidad en el caso Heliodoro Portugal contra la República de Panamá. El pasado martes 23 de enero de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó a Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la presunta desaparición forzada del líder sindical Heliodoro Portugal, ocurrida el 14 de mayo de 1970.

En respuesta, el 25 de enero de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores emite un comunicado en donde notifica que la Comisión elevó la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en la misma nota afirma que las recomendaciones hechas por parte de la Comisión Interamericana están siendo atendidas como lo es la decisión del Consejo Municipal de Panamá de designar como Heliodoro Portugal la antigua Calle “C” del Corregimiento de Santa Ana.

Esta es la segunda demanda contra Panamá por violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la primera fue por el caso Ricardo Baena y otros, dónde se llegó hasta cuestionar la competencia del mencionado tribunal para supervisar el cumplimiento de sus sentencias. Esperamos no se repita el conveniente “error”. Es principio básico del derecho internacional, respaldado por jurisprudencia, la obligación de los Estados de cumplir los pactos firmados (artículo 27 de la Convención de Viena).

Estas situaciones opacan el perfil internacional de Panamá mientras se mantiene en la desinformación a la comunidad panameña. Más allá de comisiones, el gobierno PRD debiera mostrar interés por quitarse este peso histórico de encima, ¿o es que por mantener una impunidad vestida a la fuerza de reconciliación nacional, jamás alcanzaremos verdad y justicia?

No podemos seguir demostrando conciencia por temporadas como si de moda se tratase, tal como tememos que pase con los casos del transporte público y los medicamentos. Lo que está en juego es la vida, la dignidad humana, y la convivencia social pacífica.

Existe el deber de investigar, juzgar y reparar el daño causado en éste y otros casos; existe el deber humano y ciudadano de exigir que esto se cumpla junto a un adecentamiento general del sistema de justicia, por encima de la mal entendida y peor ejercida práctica política nacional que debilita el sistema democrático.

El coraje, la perseverancia y valentía de Patria Portugal es ejemplo para nosotros. El comportamiento del Estado panameño, de los gobiernos que han ostentado el poder estatal es deplorable. Nuestra cultura ciudadana, mientras se mantenga como hoy, es inaceptable.

Cristel De León 4-742-1627

Joao Quiróz Govea 8-800-1947
Ramón H. Benjamín M. 8-726-2480

Eduardo L. Lamphrey J. PE-10-1143



Ciudad de Panamá, lunes 12 de febrero de 2007

Sobre la propuesta de reformas al sistema de salud

“Es función esencial del estado velar por la salud de la población de la República…entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social”

Artículo 109 de la Constitución Política de la República de Panamá

“El denominador común de las fallas del sistema sanitario es…una inconsecuente limitación de fondos para la salud, incumplimiento de regulaciones existentes por razones de actitudes irresponsables de la autoridad, los funcionarios públicos y el ciudadano”

Hoja de Ruta, Propuesta del Grupo Técnico de Garantes

La salud es un derecho humano fundamental para la efectividad de todos aquellos principios que procuran una existencia humana en condiciones de dignidad. Es una obligación del Estado brindar la atención para estos fines, absolutamente exigible por todo individuo en todo momento.

El servicio público de salud en nuestro país, baluarte de bienestar de clases socialmente desfavorecidas, ha experimentado un constante, progresivo y agudo deterioro en su prestación hasta el punto que el usuario parece recibir un favor cuando es atendido en su legítimo derecho. Falta de instalaciones y personal, acceso desigual, insuficiencia de equipos y medicamentos, deficiencias por todos conocidas llegaron hasta la crisis por envenenamientos de finales del año 2006.

Las causas de la deficiente prestación, reconocidas por el grupo de garantes, no hacen pensar en la necesidad de crear mayor burocracia con una nueva autoridad –ANAS- para la provisión de salud, con un ministerio definiendo la política de salud, y una Caja de Seguro Social -¡casualidad!- transfiriendo fondos, recursos humanos, equipos, insumos adquiridos con recursos provenientes del trabajo de los asegurados que históricamente han cargado con el peso de la atención de familiares –obligación del Estado- y el cinismo de gobiernos que recostados en la comodidad de nuestros aportes, vociferan constantemente la calamidad de las finanzas de nuestra Caja de Seguro Social.

Sin contrariar a los garantes, profesionales todos respetables -que no olvidaron recordar incesantemente la necesidad de mejoras salariales- consideramos que la solución integral está perfectamente descrita en el propio enunciado del problema: fondos suficientes para atender el derecho a la salud del ciudadano en cumplimiento a una política estatal al respecto desde un Ministerio de Salud equipado con todo lo necesario; el cumplimiento estricto de regulaciones existentes –y no pretender solucionar todos los problemas sociales con otra ley- pero sobre todo, actitud de responsabilidad por parte de la autoridad que no está por encima ni de la ley, ni de la Constitución, mucho menos del poder público solamente emanado del pueblo, del funcionario que también cobra de nuestros aportes, y del ciudadano: para tomar conciencia y beligerancia, salir de la pasividad cómplice de la acostumbrada irresponsabilidad, insensibilidad y falta de voluntad del gobierno, que ya está bueno que cada nuevo día nos quieran agarrar de -como se dice en buen panameño- pendejos con una nueva tergiversación de la realidad.

Y a la Caja de Seguro Social, respeto en su integridad, representación social legítima en su Junta Directiva y verdadera autonomía en el uso responsable de sus recursos, que pondría a temblar a varios sistemas legales de explotación financiera que también atentan contra la dignidad humana del pueblo panameño.

Firmas responsables:

Cristel De León 4-742-1627

Ramón H. Benjamín M. 8-726-2480

Joao Quiróz Govea 8-800-1947

Ciudad de Panamá, lunes 5 de febrero de 2007

Justicia y Solidaridad

Hace ya más de un mes que estalló públicamente la crisis de los medicamentos en la Caja de Seguro Social que ha cobrado más de 40 víctimas fatales; hace más de 15 días que ocurrió la lamentable muerte de 18 panameños en el incendio de una unidad del transporte público colectivo en el sector de La Cresta.

Hace una semana nos manifestamos como colectivo universitario ante ambas situaciones; hoy, conscientes de la necesidad de ser perseverantes para conseguir justicia, para escaparnos del olvido y la indolencia, para prevenir nuevas tragedias, volvemos a formular y dar a conocer nuestra posición.

Primero, reiteramos nuestro solidario pesar a los familiares y amigos de los fallecidos, y ofrecemos todo el apoyo que como estudiantes, ciudadanos panameños, jóvenes y seres humanos, nos sea posible ofrecerles en el necesario camino de exigir verdad, justicia y reparación por tan irreparables pérdidas. Esperamos asimismo, el apoyo voluntario de quienes con más conocimiento y experiencia que nosotros, pueden ofrecer ayudas más concretas expresando compromiso humano social y profesional.

Segundo, expresamos aprecio por todas las iniciativas solidarias que desde todos los sectores han surgido, desde los organismos de la sociedad civil, los sectores populares, las iglesias, y el sector oficial. No es el momento de dispersar fuerzas, ni el caso lo permite, por respeto a todos los que hoy sufren.

Tercero, nuestra posición será de vigilia permanente y constante seguimiento al proceso, pues semejantes desgracias no pueden quedarse en expresiones de buena intención, en rezos y solicitudes de paz a las almas, en operativos temporales ineficaces e inculpación de chivos expiatorios dentro de los rangos inferiores.

En ambos hechos, deben deslindarse absolutamente todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales para todos los rangos dentro de la administración pública y el sector privado que por acción u omisión han permitido tales desgracias.

La importación de materias primas para medicinas, el manejo y producción de medicamentos, el control de calidad, la atención médica, la transparencia en la información pública. La importación de buses chatarras, el sistema de cupos, de revisados, de seguridad vial, de financiamiento al transporte. Estos y muchos más aspectos deben ser minuciosa y severamente investigados, seguramente aparecerán responsables en distintos niveles jerárquicos, grados y formas, de todos los colores políticos que consumen nuestra tierra en los robustos brazos de la corrupción actual.

No apelamos a la dignidad de quienes se saben responsables pero se amparan en sus redes sociales, políticas y económicas, no pedimos imposibles, no aspiramos a encontrar lo inexistente en individuos de su clase.

Pedimos simplemente la solidaridad consciente de nuestros semejantes, para que a fuerza de presión social, nuestro sistema de justicia por fin cumpla su cometido y haga honor a su nombre, iniciando quizá un sendero de vigilancia ciudadana que haga posible el advenimiento de la necesaria justicia terrenal a nuestro país.

No podemos seguir de brazos cruzados, callados, frente a este cobarde genocidio disfrazado de accidentes, mientras caen como moscas nuestros semejantes. No podemos seguir en la apatía ciudadana, simplemente contando muertos y esperando el nombre del siguiente, sin exigir a nuestras “autoridades” que den la cara al sol y asuman todas las responsabilidades que tienen, y al sistema de justicia: que investigue y sancione. Ningún pueblo obtiene más de lo que merece y lucha.

Desde el corazón del Campus Central Universitario “Octavio Méndez Pereira”, casa de estudios superiores del pueblo panameño, el ser humano primero.


Cristel De León
Joao Quiróz Govea
Ramón H. Benjamín M.
Octavio Vargas
Eduardo Lamphrey
Vania Archibold

Ciudad de Panamá, 14 de noviembre de 2006

Derecho a la Vida

La vida es el primer derecho de todo ser humano, requiriendo mínimos que aseguren que este derecho no se transforme en un cotidiano esfuerzo por la simple supervivencia, pues si bien es cierto que poco hacemos sin el primer aliento; ¿qué somos, aún vivos, sin libertad, sin justicia, sin dignidad?

Los últimos acontecimientos en nuestro país, 32 muertos por envenenamiento con medicinas de la CSS y 18 muertos calcinados en un bus de servicio colectivo, reflejan el grado de corrupción, negligencia e incapacidad que cubre a nuestras autoridades y las instituciones que administran, y junto al abstencionismo en la consulta popular del 22 de octubre, no dejan de reflejar la irresponsabilidad con que los ciudadanos elegimos políticas y gobernantes. Reflejan una existencia limitada, insegura, sin justicia ni garantías, sin dignidad.

Todas las muertes han ocurrido en circunstancias perfectamente evitables, si los encargados de gestionar y fiscalizar nuestros servicios públicos ejercieran eficientemente sus puestos, y no siguieran con el tradicional clientelismo y padrinazgo permisivo e indolente.

Lo único accidental en estos hechos, es nacer entre las clases humildes y en mala hora verse obligado a usar los servicios de salud y transporte público.

Tras enormes cantidades de dinero gastadas en propaganda y referéndum, tras reformas fiscales y de la seguridad social que “salvaban” los recursos estatales, vemos como estos ahorros y nuevos ingresos se diluyen de diversas formas en manos de los mismos de siempre, los que han escrito nuestra historia oficial desde el poder, amparados a nivel interno por nuestra calma, silencio y conformismo cómplice. Las prioridades de nuestras autoridades no pueden ser más claras, el que tenga ojos para ver, que vea.

Una comunidad responsable de ciudadanos ya se hubiera movilizado para exigir responsabilidades al más alto nivel, y no sólo medidas de última hora, espectáculos mediáticos, discursos demagógicos y chivos expiatorios entre los rangos inferiores. Un gobierno decente no hubiera esperado presión popular para ejercer los correctivos necesarios. Pero no somos lo uno, ni tenemos lo otro, y ningún pueblo obtiene más de lo que merece y lucha.

¿Cuál es el precio a pagar? 50 vidas, por ahora, madres, niños muertos, trabajadores, estudiantes; familias humildes afectadas, y una sociedad cada vez más vulnerable física y psicológicamente por la indolencia e irresponsabilidad propia y de quienes tienen la obligación de asegurar nuestra vida, honra y bienes como asociados de este Estado.

No podemos seguir de brazos cruzados, callados, frente a este cobarde genocidio disfrazado de accidentes, mientras caen como moscas nuestros semejantes. No podemos seguir en la apatía ciudadana, simplemente contando muertos y esperando el nombre del siguiente, sin exigir a nuestras “autoridades” que den la cara al sol y asuman todas las responsabilidades que tienen, y al sistema de justicia: que investigue y sancione.

Conciencia, organización, objetividad en el análisis, constancia y unidad son herramientas que nadie puede arrebatarnos, es tiempo de despertar.

Si queremos situaciones diferentes, tenemos todos que hacer la diferencia. El ser humano primero.



Cristel De León
Vania Archibold
Octavio Vargas
Joao Quiróz Govea
Eduardo Lamphrey
Ramón H. Benjamín M.


Ciudad de Panamá, 30 de octubre de 2006