“Es función esencial del estado velar por la salud de la población de la República…entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social”
Artículo 109 de la Constitución Política de la República de Panamá
“El denominador común de las fallas del sistema sanitario es…una inconsecuente limitación de fondos para la salud, incumplimiento de regulaciones existentes por razones de actitudes irresponsables de la autoridad, los funcionarios públicos y el ciudadano”
Hoja de Ruta, Propuesta del Grupo Técnico de Garantes
La salud es un derecho humano fundamental para la efectividad de todos aquellos principios que procuran una existencia humana en condiciones de dignidad. Es una obligación del Estado brindar la atención para estos fines, absolutamente exigible por todo individuo en todo momento.
El servicio público de salud en nuestro país, baluarte de bienestar de clases socialmente desfavorecidas, ha experimentado un constante, progresivo y agudo deterioro en su prestación hasta el punto que el usuario parece recibir un favor cuando es atendido en su legítimo derecho. Falta de instalaciones y personal, acceso desigual, insuficiencia de equipos y medicamentos, deficiencias por todos conocidas llegaron hasta la crisis por envenenamientos de finales del año 2006.
Las causas de la deficiente prestación, reconocidas por el grupo de garantes, no hacen pensar en la necesidad de crear mayor burocracia con una nueva autoridad –ANAS- para la provisión de salud, con un ministerio definiendo la política de salud, y una Caja de Seguro Social -¡casualidad!- transfiriendo fondos, recursos humanos, equipos, insumos adquiridos con recursos provenientes del trabajo de los asegurados que históricamente han cargado con el peso de la atención de familiares –obligación del Estado- y el cinismo de gobiernos que recostados en la comodidad de nuestros aportes, vociferan constantemente la calamidad de las finanzas de nuestra Caja de Seguro Social.
Sin contrariar a los garantes, profesionales todos respetables -que no olvidaron recordar incesantemente la necesidad de mejoras salariales- consideramos que la solución integral está perfectamente descrita en el propio enunciado del problema: fondos suficientes para atender el derecho a la salud del ciudadano en cumplimiento a una política estatal al respecto desde un Ministerio de Salud equipado con todo lo necesario; el cumplimiento estricto de regulaciones existentes –y no pretender solucionar todos los problemas sociales con otra ley- pero sobre todo, actitud de responsabilidad por parte de la autoridad que no está por encima ni de la ley, ni de la Constitución, mucho menos del poder público solamente emanado del pueblo, del funcionario que también cobra de nuestros aportes, y del ciudadano: para tomar conciencia y beligerancia, salir de la pasividad cómplice de la acostumbrada irresponsabilidad, insensibilidad y falta de voluntad del gobierno, que ya está bueno que cada nuevo día nos quieran agarrar de -como se dice en buen panameño- pendejos con una nueva tergiversación de la realidad.
Y a la Caja de Seguro Social, respeto en su integridad, representación social legítima en su Junta Directiva y verdadera autonomía en el uso responsable de sus recursos, que pondría a temblar a varios sistemas legales de explotación financiera que también atentan contra la dignidad humana del pueblo panameño.
El servicio público de salud en nuestro país, baluarte de bienestar de clases socialmente desfavorecidas, ha experimentado un constante, progresivo y agudo deterioro en su prestación hasta el punto que el usuario parece recibir un favor cuando es atendido en su legítimo derecho. Falta de instalaciones y personal, acceso desigual, insuficiencia de equipos y medicamentos, deficiencias por todos conocidas llegaron hasta la crisis por envenenamientos de finales del año 2006.
Las causas de la deficiente prestación, reconocidas por el grupo de garantes, no hacen pensar en la necesidad de crear mayor burocracia con una nueva autoridad –ANAS- para la provisión de salud, con un ministerio definiendo la política de salud, y una Caja de Seguro Social -¡casualidad!- transfiriendo fondos, recursos humanos, equipos, insumos adquiridos con recursos provenientes del trabajo de los asegurados que históricamente han cargado con el peso de la atención de familiares –obligación del Estado- y el cinismo de gobiernos que recostados en la comodidad de nuestros aportes, vociferan constantemente la calamidad de las finanzas de nuestra Caja de Seguro Social.
Sin contrariar a los garantes, profesionales todos respetables -que no olvidaron recordar incesantemente la necesidad de mejoras salariales- consideramos que la solución integral está perfectamente descrita en el propio enunciado del problema: fondos suficientes para atender el derecho a la salud del ciudadano en cumplimiento a una política estatal al respecto desde un Ministerio de Salud equipado con todo lo necesario; el cumplimiento estricto de regulaciones existentes –y no pretender solucionar todos los problemas sociales con otra ley- pero sobre todo, actitud de responsabilidad por parte de la autoridad que no está por encima ni de la ley, ni de la Constitución, mucho menos del poder público solamente emanado del pueblo, del funcionario que también cobra de nuestros aportes, y del ciudadano: para tomar conciencia y beligerancia, salir de la pasividad cómplice de la acostumbrada irresponsabilidad, insensibilidad y falta de voluntad del gobierno, que ya está bueno que cada nuevo día nos quieran agarrar de -como se dice en buen panameño- pendejos con una nueva tergiversación de la realidad.
Y a la Caja de Seguro Social, respeto en su integridad, representación social legítima en su Junta Directiva y verdadera autonomía en el uso responsable de sus recursos, que pondría a temblar a varios sistemas legales de explotación financiera que también atentan contra la dignidad humana del pueblo panameño.
Firmas responsables:
Cristel De León 4-742-1627
Ramón H. Benjamín M. 8-726-2480
Joao Quiróz Govea 8-800-1947
Ciudad de Panamá, lunes 5 de febrero de 2007
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