Hace ya más de un mes que estalló públicamente la crisis de los medicamentos en la Caja de Seguro Social que ha cobrado más de 40 víctimas fatales; hace más de 15 días que ocurrió la lamentable muerte de 18 panameños en el incendio de una unidad del transporte público colectivo en el sector de La Cresta.
Hace una semana nos manifestamos como colectivo universitario ante ambas situaciones; hoy, conscientes de la necesidad de ser perseverantes para conseguir justicia, para escaparnos del olvido y la indolencia, para prevenir nuevas tragedias, volvemos a formular y dar a conocer nuestra posición.
Primero, reiteramos nuestro solidario pesar a los familiares y amigos de los fallecidos, y ofrecemos todo el apoyo que como estudiantes, ciudadanos panameños, jóvenes y seres humanos, nos sea posible ofrecerles en el necesario camino de exigir verdad, justicia y reparación por tan irreparables pérdidas. Esperamos asimismo, el apoyo voluntario de quienes con más conocimiento y experiencia que nosotros, pueden ofrecer ayudas más concretas expresando compromiso humano social y profesional.
Segundo, expresamos aprecio por todas las iniciativas solidarias que desde todos los sectores han surgido, desde los organismos de la sociedad civil, los sectores populares, las iglesias, y el sector oficial. No es el momento de dispersar fuerzas, ni el caso lo permite, por respeto a todos los que hoy sufren.
Tercero, nuestra posición será de vigilia permanente y constante seguimiento al proceso, pues semejantes desgracias no pueden quedarse en expresiones de buena intención, en rezos y solicitudes de paz a las almas, en operativos temporales ineficaces e inculpación de chivos expiatorios dentro de los rangos inferiores.
En ambos hechos, deben deslindarse absolutamente todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales para todos los rangos dentro de la administración pública y el sector privado que por acción u omisión han permitido tales desgracias.
La importación de materias primas para medicinas, el manejo y producción de medicamentos, el control de calidad, la atención médica, la transparencia en la información pública. La importación de buses chatarras, el sistema de cupos, de revisados, de seguridad vial, de financiamiento al transporte. Estos y muchos más aspectos deben ser minuciosa y severamente investigados, seguramente aparecerán responsables en distintos niveles jerárquicos, grados y formas, de todos los colores políticos que consumen nuestra tierra en los robustos brazos de la corrupción actual.
No apelamos a la dignidad de quienes se saben responsables pero se amparan en sus redes sociales, políticas y económicas, no pedimos imposibles, no aspiramos a encontrar lo inexistente en individuos de su clase.
Pedimos simplemente la solidaridad consciente de nuestros semejantes, para que a fuerza de presión social, nuestro sistema de justicia por fin cumpla su cometido y haga honor a su nombre, iniciando quizá un sendero de vigilancia ciudadana que haga posible el advenimiento de la necesaria justicia terrenal a nuestro país.
No podemos seguir de brazos cruzados, callados, frente a este cobarde genocidio disfrazado de accidentes, mientras caen como moscas nuestros semejantes. No podemos seguir en la apatía ciudadana, simplemente contando muertos y esperando el nombre del siguiente, sin exigir a nuestras “autoridades” que den la cara al sol y asuman todas las responsabilidades que tienen, y al sistema de justicia: que investigue y sancione. Ningún pueblo obtiene más de lo que merece y lucha.
Desde el corazón del Campus Central Universitario “Octavio Méndez Pereira”, casa de estudios superiores del pueblo panameño, el ser humano primero.
Cristel De León
Joao Quiróz Govea
Ramón H. Benjamín M.
Octavio Vargas
Eduardo Lamphrey
Vania Archibold
Ciudad de Panamá, 14 de noviembre de 2006
martes, noviembre 14, 2006
jueves, octubre 26, 2006
Derecho a la Vida
La vida es el primer derecho de todo ser humano, requiriendo mínimos que aseguren que este derecho no se transforme en un cotidiano esfuerzo por la simple supervivencia, pues si bien es cierto que poco hacemos sin el primer aliento; ¿qué somos, aún vivos, sin libertad, sin justicia, sin dignidad?
Los últimos acontecimientos en nuestro país, 32 muertos por envenenamiento con medicinas de la CSS y 18 muertos calcinados en un bus de servicio colectivo, reflejan el grado de corrupción, negligencia e incapacidad que cubre a nuestras autoridades y las instituciones que administran, y junto al abstencionismo en la consulta popular del 22 de octubre, no dejan de reflejar la irresponsabilidad con que los ciudadanos elegimos políticas y gobernantes. Reflejan una existencia limitada, insegura, sin justicia ni garantías, sin dignidad.
Todas las muertes han ocurrido en circunstancias perfectamente evitables, si los encargados de gestionar y fiscalizar nuestros servicios públicos ejercieran eficientemente sus puestos, y no siguieran con el tradicional clientelismo y padrinazgo permisivo e indolente.
Lo único accidental en estos hechos, es nacer entre las clases humildes y en mala hora verse obligado a usar los servicios de salud y transporte público.
Tras enormes cantidades de dinero gastadas en propaganda y referéndum, tras reformas fiscales y de la seguridad social que “salvaban” los recursos estatales, vemos como estos ahorros y nuevos ingresos se diluyen de diversas formas en manos de los mismos de siempre, los que han escrito nuestra historia oficial desde el poder, amparados a nivel interno por nuestra calma, silencio y conformismo cómplice. Las prioridades de nuestras autoridades no pueden ser más claras, el que tenga ojos para ver, que vea.
Una comunidad responsable de ciudadanos ya se hubiera movilizado para exigir responsabilidades al más alto nivel, y no sólo medidas de última hora, espectáculos mediáticos, discursos demagógicos y chivos expiatorios entre los rangos inferiores. Un gobierno decente no hubiera esperado presión popular para ejercer los correctivos necesarios. Pero no somos lo uno, ni tenemos lo otro, y ningún pueblo obtiene más de lo que merece y lucha.
¿Cuál es el precio a pagar? 50 vidas, por ahora, madres, niños muertos, trabajadores, estudiantes; familias humildes afectadas, y una sociedad cada vez más vulnerable física y psicológicamente por la indolencia e irresponsabilidad propia y de quienes tienen la obligación de asegurar nuestra vida, honra y bienes como asociados de este Estado.
No podemos seguir de brazos cruzados, callados, frente a este cobarde genocidio disfrazado de accidentes, mientras caen como moscas nuestros semejantes. No podemos seguir en la apatía ciudadana, simplemente contando muertos y esperando el nombre del siguiente, sin exigir a nuestras “autoridades” que den la cara al sol y asuman todas las responsabilidades que tienen, y al sistema de justicia: que investigue y sancione.
Conciencia, organización, objetividad en el análisis, constancia y unidad son herramientas que nadie puede arrebatarnos, es tiempo de despertar.
Si queremos situaciones diferentes, tenemos todos que hacer la diferencia. El ser humano primero.
Cristel De León
Vania Archibold
Octavio Vargas
Joao Quiróz Govea
Eduardo Lamphrey
Ramón H. Benjamín M.
Ciudad de Panamá, 30 de octubre de 2006
Los últimos acontecimientos en nuestro país, 32 muertos por envenenamiento con medicinas de la CSS y 18 muertos calcinados en un bus de servicio colectivo, reflejan el grado de corrupción, negligencia e incapacidad que cubre a nuestras autoridades y las instituciones que administran, y junto al abstencionismo en la consulta popular del 22 de octubre, no dejan de reflejar la irresponsabilidad con que los ciudadanos elegimos políticas y gobernantes. Reflejan una existencia limitada, insegura, sin justicia ni garantías, sin dignidad.
Todas las muertes han ocurrido en circunstancias perfectamente evitables, si los encargados de gestionar y fiscalizar nuestros servicios públicos ejercieran eficientemente sus puestos, y no siguieran con el tradicional clientelismo y padrinazgo permisivo e indolente.
Lo único accidental en estos hechos, es nacer entre las clases humildes y en mala hora verse obligado a usar los servicios de salud y transporte público.
Tras enormes cantidades de dinero gastadas en propaganda y referéndum, tras reformas fiscales y de la seguridad social que “salvaban” los recursos estatales, vemos como estos ahorros y nuevos ingresos se diluyen de diversas formas en manos de los mismos de siempre, los que han escrito nuestra historia oficial desde el poder, amparados a nivel interno por nuestra calma, silencio y conformismo cómplice. Las prioridades de nuestras autoridades no pueden ser más claras, el que tenga ojos para ver, que vea.
Una comunidad responsable de ciudadanos ya se hubiera movilizado para exigir responsabilidades al más alto nivel, y no sólo medidas de última hora, espectáculos mediáticos, discursos demagógicos y chivos expiatorios entre los rangos inferiores. Un gobierno decente no hubiera esperado presión popular para ejercer los correctivos necesarios. Pero no somos lo uno, ni tenemos lo otro, y ningún pueblo obtiene más de lo que merece y lucha.
¿Cuál es el precio a pagar? 50 vidas, por ahora, madres, niños muertos, trabajadores, estudiantes; familias humildes afectadas, y una sociedad cada vez más vulnerable física y psicológicamente por la indolencia e irresponsabilidad propia y de quienes tienen la obligación de asegurar nuestra vida, honra y bienes como asociados de este Estado.
No podemos seguir de brazos cruzados, callados, frente a este cobarde genocidio disfrazado de accidentes, mientras caen como moscas nuestros semejantes. No podemos seguir en la apatía ciudadana, simplemente contando muertos y esperando el nombre del siguiente, sin exigir a nuestras “autoridades” que den la cara al sol y asuman todas las responsabilidades que tienen, y al sistema de justicia: que investigue y sancione.
Conciencia, organización, objetividad en el análisis, constancia y unidad son herramientas que nadie puede arrebatarnos, es tiempo de despertar.
Si queremos situaciones diferentes, tenemos todos que hacer la diferencia. El ser humano primero.
Cristel De León
Vania Archibold
Octavio Vargas
Joao Quiróz Govea
Eduardo Lamphrey
Ramón H. Benjamín M.
Ciudad de Panamá, 30 de octubre de 2006
miércoles, octubre 11, 2006
¡No hay excusa para la pobreza!
Nosotros, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, nos manifestamos dentro de la llamada global contra la pobreza “Levántate”, para que nuestros gobernantes cumplan, mediante la implantación de políticas coherentes y acordes a tal objetivo, con la promesa de atacar las causas de la pobreza declarada dentro de los Objetivos del Milenio de septiembre del año 2000.
Exigimos la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, responsabilidad pública con rendición de cuentas, comercio internacional justo, ayudas reales al desarrollo, cancelación de la deuda externa ilegítima y respeto a la autodeterminación de los pueblos, todo dentro de un marco de lucha contra la pobreza, tomando en cuenta la igualdad de género, el respeto a grupos en desventaja y la garantía de su participación en condiciones de igualdad, en fin, exigimos el respeto al derecho humano a una vida con dignidad, donde una vivienda, alimentación suficiente, acceso al agua potable y sistemas de saneamiento, servicios de salud y educación sean comunes a todos los seres humanos.
La responsabilidad a nivel nacional por crear las condiciones para satisfacer estas necesidades mediante la aplicación de políticas públicas corresponde exclusivamente al Estado panameño, por lo tanto al gobierno que administra los recursos estatales.
Hoy, tras años de aplicación de recetas económicas importadas y carentes de un estudio previo de nuestras particularidades históricas y nuestras potencialidades y necesidades sociales, las condiciones reales de existencia de nuestros pueblos siguen deteriorándose, mientras nos siguen vendiendo las bondades del crecimiento del producto interno bruto, del libre comercio, privatizaciones, inversiones extranjeras en condiciones de seguridad jurídica para los inversores e inseguridad creciente para los ciudadanos, ampliando la brecha de las desigualdades y minimizando las posibilidades de establecer un régimen de justicia social.
Un país, que no debe ser un concepto indiferente a la suma de los hombres y mujeres que lo habitan, no progresa ampliando más de lo mismo que ha sido siempre excluyente, ni elimina la deuda social con bonos de 35 balboas mensuales. Un país progresa realmente incluyendo a todos en condiciones de igualdad, con planes integrales de desarrollo que aprovechan lo ya existente junto a todas las fuerzas que en el campo y en la ciudad se encuentran.
La injusta distribución de riquezas, las leyes que protegen y promueven tales injusticias, la caída en los niveles de bienestar, la corrupción, el desempleo, el abandono de la educación, la ciencia, la salud y la cultura, la violencia inherente al sistema y sus manifestaciones en el conglomerado social, poco harán para llevarnos al primer mundo, lo que sea que esto signifique, cosa que parecen obviar nuestras autoridades.
Nuestra meta, erradicar la pobreza, debe apoyarse en puntos lógicos, herramientas disponibles y argumentos sustentables, por eso más que protestar en abstracto por la erradicación de la pobreza, planteamos el uso de políticas sociales y económicas acordes con nuestra realidad y nuestra historia, nuestra población, nuestra cultura, nuestras aspiraciones, posibilidades y necesidades.
El Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza es una coalición mundial de más de 100 países, integrada por una amplia gama de grupos, individuos y organizaciones comprometidos en la lucha constante y no coyuntural contra la pobreza, por la dignidad del ser humano y los pueblos.
El ser humano primero, ¡No hay excusa para la pobreza!
Exigimos la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, responsabilidad pública con rendición de cuentas, comercio internacional justo, ayudas reales al desarrollo, cancelación de la deuda externa ilegítima y respeto a la autodeterminación de los pueblos, todo dentro de un marco de lucha contra la pobreza, tomando en cuenta la igualdad de género, el respeto a grupos en desventaja y la garantía de su participación en condiciones de igualdad, en fin, exigimos el respeto al derecho humano a una vida con dignidad, donde una vivienda, alimentación suficiente, acceso al agua potable y sistemas de saneamiento, servicios de salud y educación sean comunes a todos los seres humanos.
La responsabilidad a nivel nacional por crear las condiciones para satisfacer estas necesidades mediante la aplicación de políticas públicas corresponde exclusivamente al Estado panameño, por lo tanto al gobierno que administra los recursos estatales.
Hoy, tras años de aplicación de recetas económicas importadas y carentes de un estudio previo de nuestras particularidades históricas y nuestras potencialidades y necesidades sociales, las condiciones reales de existencia de nuestros pueblos siguen deteriorándose, mientras nos siguen vendiendo las bondades del crecimiento del producto interno bruto, del libre comercio, privatizaciones, inversiones extranjeras en condiciones de seguridad jurídica para los inversores e inseguridad creciente para los ciudadanos, ampliando la brecha de las desigualdades y minimizando las posibilidades de establecer un régimen de justicia social.
Un país, que no debe ser un concepto indiferente a la suma de los hombres y mujeres que lo habitan, no progresa ampliando más de lo mismo que ha sido siempre excluyente, ni elimina la deuda social con bonos de 35 balboas mensuales. Un país progresa realmente incluyendo a todos en condiciones de igualdad, con planes integrales de desarrollo que aprovechan lo ya existente junto a todas las fuerzas que en el campo y en la ciudad se encuentran.
La injusta distribución de riquezas, las leyes que protegen y promueven tales injusticias, la caída en los niveles de bienestar, la corrupción, el desempleo, el abandono de la educación, la ciencia, la salud y la cultura, la violencia inherente al sistema y sus manifestaciones en el conglomerado social, poco harán para llevarnos al primer mundo, lo que sea que esto signifique, cosa que parecen obviar nuestras autoridades.
Nuestra meta, erradicar la pobreza, debe apoyarse en puntos lógicos, herramientas disponibles y argumentos sustentables, por eso más que protestar en abstracto por la erradicación de la pobreza, planteamos el uso de políticas sociales y económicas acordes con nuestra realidad y nuestra historia, nuestra población, nuestra cultura, nuestras aspiraciones, posibilidades y necesidades.
El Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza es una coalición mundial de más de 100 países, integrada por una amplia gama de grupos, individuos y organizaciones comprometidos en la lucha constante y no coyuntural contra la pobreza, por la dignidad del ser humano y los pueblos.
El ser humano primero, ¡No hay excusa para la pobreza!
Ciudad de Panamá, 16 de octubre de 2006
martes, octubre 03, 2006
Sobre la "Ley de Comisiones Militares" aprobada en los EE.UU.
Nosotros, estudiantes de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, miembros del colectivo DD.HH.UP. Derechos Humanos – Universidad de Panamá, manifestamos nuestra preocupación y enérgico rechazo a la recientemente adoptada por el Congreso de los Estados Unidos de América, “Ley de Comisiones Militares”, que constituye una aprobación de las prácticas inhumanas y contrarias al derecho internacional por parte de los militares y agentes gubernamentales estadounidenses en su llamada “guerra contra el terror”.
Exigimos el respeto y el fortalecimiento de las normas e instituciones de derecho internacional y los principios fundamentales del derecho. Exigimos progresividad e irreversibilidad en el desarrollo de los derechos humanos.
Toda la humanidad consciente y de buena voluntad, contando nuestra comunidad universitaria, tiene la responsabilidad histórica de permanecer alerta ante las futuras aplicaciones de esta ley, y sobre todo, la actitud de nuestro Estado y sus autoridades ante esta situación, ya que puede afectar a cualquier persona de la raza humana, con el solo hecho de “parecer sospechoso de terrorismo”.
Los Estados Unidos de América, en su momento bastión y punto de avance del constitucionalismo, las garantías fundamentales, el derecho internacional y los derechos humanos hoy traiciona su propia historia y pretende frenar a la fuerza y hacer retroceder el nivel de desarrollo del pensamiento humano expresado por la comunidad mundial, colocándose al margen de la ley internacional.
No existe ninguna excusa para implementar, mucho menos para justificar semejantes prácticas, que van contra de los principios fundamentales del debido proceso, no hay ninguna amenaza tan grande a la seguridad de un país que pueda convencernos de la necesidad de regresar a la barbarie oficialmente legalizada y mostrada al resto del mundo como señal de omnipotencia.
La humanidad para lograr la seguridad deseada, en una condición de verdadera libertad, debe procurar la justicia social global como base de la paz dentro de los Estados y entre los pueblos, en lugar de pretender amparar legalmente lo moral, ética, humanamente injustificable, que tanto dolor ha generado en nuestra historia: el terror de las detenciones arbitrarias, en cárceles secretas y no tan secretas, sin cargos, por tiempo indefinido, desapariciones forzadas, regímenes de incomunicación, torturas y otros tratos degradantes, de los cuales los latinoamericanos especialmente hemos sido testigos directos en un pasado tan reciente que aún sangra y nos condiciona.
Siempre hacia adelante, el ser humano primero.
Exigimos el respeto y el fortalecimiento de las normas e instituciones de derecho internacional y los principios fundamentales del derecho. Exigimos progresividad e irreversibilidad en el desarrollo de los derechos humanos.
Toda la humanidad consciente y de buena voluntad, contando nuestra comunidad universitaria, tiene la responsabilidad histórica de permanecer alerta ante las futuras aplicaciones de esta ley, y sobre todo, la actitud de nuestro Estado y sus autoridades ante esta situación, ya que puede afectar a cualquier persona de la raza humana, con el solo hecho de “parecer sospechoso de terrorismo”.
Los Estados Unidos de América, en su momento bastión y punto de avance del constitucionalismo, las garantías fundamentales, el derecho internacional y los derechos humanos hoy traiciona su propia historia y pretende frenar a la fuerza y hacer retroceder el nivel de desarrollo del pensamiento humano expresado por la comunidad mundial, colocándose al margen de la ley internacional.
No existe ninguna excusa para implementar, mucho menos para justificar semejantes prácticas, que van contra de los principios fundamentales del debido proceso, no hay ninguna amenaza tan grande a la seguridad de un país que pueda convencernos de la necesidad de regresar a la barbarie oficialmente legalizada y mostrada al resto del mundo como señal de omnipotencia.
La humanidad para lograr la seguridad deseada, en una condición de verdadera libertad, debe procurar la justicia social global como base de la paz dentro de los Estados y entre los pueblos, en lugar de pretender amparar legalmente lo moral, ética, humanamente injustificable, que tanto dolor ha generado en nuestra historia: el terror de las detenciones arbitrarias, en cárceles secretas y no tan secretas, sin cargos, por tiempo indefinido, desapariciones forzadas, regímenes de incomunicación, torturas y otros tratos degradantes, de los cuales los latinoamericanos especialmente hemos sido testigos directos en un pasado tan reciente que aún sangra y nos condiciona.
Siempre hacia adelante, el ser humano primero.
Cristel De León
Vania Archibold
Eduardo Lamphrey
Joao Quiróz
Octavio Vargas
Ramón Benjamín
Ciudad de Panamá, 2 de octubre de 2006
lunes, septiembre 18, 2006
Sobre el referéndum del Canal de Panamá
Nosotros, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, miembros del colectivo Derechos Humanos – Universidad de Panamá:
Espacio creado para el estudio y desarrollo de los derechos humanos a nivel universitario, con proyección social, conscientes de la importancia de la decisión trascendental que debemos tomar todos los panameños en el próximo referéndum sobre la ampliación o no del Canal de Panamá;
Exhortamos a toda la ciudadanía y especialmente a la comunidad universitaria, a ejercer responsable y conscientemente su deber y derecho a informarse sobre los asuntos nacionales, expresar libremente su palabra y pensamiento, y a decidir mediante sufragio libre, el uso de los recursos y modelo de desarrollo de nuestra vía acuática, en un ambiente de tolerancia y respeto hacia todos.
Siguiendo este pensamiento, les invitamos a participar en el referéndum universitario del miércoles 20 de septiembre de 2006, en el vestíbulo de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, desde las 8 a. m. hasta las 7 p. m.
¡Panameño este domingo 22 de octubre vota a conciencia y cuida tu voto, ya que la decisión está en todos nosotros!
Respetuosamente,
Joao Quiróz
Cristel De León
Ramón Benjamín
Eduardo Lamphrey
Octavio Vargas
Espacio creado para el estudio y desarrollo de los derechos humanos a nivel universitario, con proyección social, conscientes de la importancia de la decisión trascendental que debemos tomar todos los panameños en el próximo referéndum sobre la ampliación o no del Canal de Panamá;
Exhortamos a toda la ciudadanía y especialmente a la comunidad universitaria, a ejercer responsable y conscientemente su deber y derecho a informarse sobre los asuntos nacionales, expresar libremente su palabra y pensamiento, y a decidir mediante sufragio libre, el uso de los recursos y modelo de desarrollo de nuestra vía acuática, en un ambiente de tolerancia y respeto hacia todos.
Siguiendo este pensamiento, les invitamos a participar en el referéndum universitario del miércoles 20 de septiembre de 2006, en el vestíbulo de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, desde las 8 a. m. hasta las 7 p. m.
¡Panameño este domingo 22 de octubre vota a conciencia y cuida tu voto, ya que la decisión está en todos nosotros!
Respetuosamente,
Joao Quiróz
Cristel De León
Ramón Benjamín
Eduardo Lamphrey
Octavio Vargas
Ciudad de Panamá, 18 de septiembre de 2006
miércoles, julio 26, 2006
Sobre la guerra en el Líbano
Sobre la situación actual en Líbano
Nosotros, miembros del dd.hh.up. movimiento estudiantil universitario por el respeto y desarrollo de los Derechos Humanos, ante la actual coyuntura en Oriente Medio, manifestamos:
La invasión militar del Líbano por Israel, mal justificada por el secuestro de dos soldados de su ejército por parte de Hezbollah, ha sido dirigida indiscriminadamente contra toda la población libanesa. Se ha utilizado un despliegue militar irracional y desproporcionado que incluye bombardeos aéreos y un ataque terrestre de consecuencias y extensión indeterminadas.
Estas acciones han cobrado la vida de centenares de inocentes y el éxodo masivo de la población, ha ocasionado la destrucción de infraestructuras vitales para el país, incluyendo escuelas, hospitales y carreteras, actos que representan flagrantes violaciones al derecho internacional y los derechos humanos.
Hoy nos exponemos a una escalada de violencia aún mayor, a la pérdida total de control sobre los elementos en conflicto, a una degradación aún mayor de los organismos internacionales de derecho, a una posible conflagración de orden mundial, ante un enorme peligro para toda la humanidad, pues esta realidad trasciende las fronteras del Líbano y el Medio Oriente, razón por la cual nos solidarizamos con los pueblos agredidos.
Condenamos la actitud complaciente e hipócrita de la comunidad internacional que apoyan al agresor o pasan indiferentes ante el dolor de víctimas inocentes; de los Estados Unidos de América que habla de libertad y democracia a costa de los pueblos que no se cuadran a sus mezquinos intereses; de la Unión Europea, que hereda el peso de la intolerancia racial y religiosa, violencia y colonialismo que ha tenido por consecuencia ulterior el actual estado de cosas, mientras mira hacia otro lado o se limita a expresar buenos deseos.
De Israel, exigimos que deje de utilizar el lamentable genocidio durante la Segunda Guerra Mundial para justificar en última instancia un Estado fascista y asesino, incansable violador de los derechos humanos de las poblaciones no judías. Deberían ser, por el contrario, los primeros en desterrar prácticas inhumanas de sus manuales. La deuda moral de las potencias europeas no es un cheque en blanco para el Estado israelí, y en todo caso, no son los pueblos árabes quienes deben asumir tal deuda.
Rechazamos el uso de la violencia especialmente contra objetivos civiles enmarcado en la práctica de un terrorismo de Estado constante emparentado con doctrinas preventivas que mantienen al mundo entero como rehén del miedo y la fuerza. No existe solución militar al problema de la gente, la tierra y los recursos, en ninguna parte del planeta, a menos que se pretenda el exterminio total de los pueblos.
Exigimos la prevalencia de la justicia y el derecho como anhelos y camino de la humanidad, el reconocimiento de los derechos de los pueblos a recuperar sus tierras ancestrales injustamente arrebatadas, como igualmente exigimos el respeto a la existencia y convivencia del pueblo judío.
Exigimos el respeto y fortalecimiento de un sistema internacional libre de la manipulación de las potencias mundiales, basado en la igualdad de todos los seres humanos, naciones y países, capaz de aportar una solución definitiva que contemple principios de justicia y equidad, en la que cada parte ponga voluntad y reconozca su porción de culpa por los errores cometidos.
Lamentamos la actitud cobarde de nuestros gobernantes que no se manifiestan oficialmente sobre el asunto y se limitan a sus acostumbrados discursos sobre la incidencia en el precio del petróleo, mientras seres humanos sufren y mueren.
Hacemos un llamado a los movimientos sociales para que asuman el compromiso necesario con la humanidad entera, exigimos al gobierno al menos una posición clara en esta coyuntura.
Por pequeñas que sean nuestras posibilidades de influir en la resolución del conflicto, lo único que no está permitido es quedarse impasibles ante la barbarie demostrada. Hoy, como seres humanos, sentimos como propio el inmerecido sufrimiento de nuestros semejantes.
Ciudad de Panamá, 26 de julio de 2006
Cristel De León
Joao Quiróz
Eduardo Lamphrey
Ramón Benjamín
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