Derecho a la Vida

La vida es el primer derecho de todo ser humano, requiriendo mínimos que aseguren que este derecho no se transforme en un cotidiano esfuerzo por la simple supervivencia, pues si bien es cierto que poco hacemos sin el primer aliento; ¿qué somos, aún vivos, sin libertad, sin justicia, sin dignidad?

Los últimos acontecimientos en nuestro país, 32 muertos por envenenamiento con medicinas de la CSS y 18 muertos calcinados en un bus de servicio colectivo, reflejan el grado de corrupción, negligencia e incapacidad que cubre a nuestras autoridades y las instituciones que administran, y junto al abstencionismo en la consulta popular del 22 de octubre, no dejan de reflejar la irresponsabilidad con que los ciudadanos elegimos políticas y gobernantes. Reflejan una existencia limitada, insegura, sin justicia ni garantías, sin dignidad.

Todas las muertes han ocurrido en circunstancias perfectamente evitables, si los encargados de gestionar y fiscalizar nuestros servicios públicos ejercieran eficientemente sus puestos, y no siguieran con el tradicional clientelismo y padrinazgo permisivo e indolente.

Lo único accidental en estos hechos, es nacer entre las clases humildes y en mala hora verse obligado a usar los servicios de salud y transporte público.

Tras enormes cantidades de dinero gastadas en propaganda y referéndum, tras reformas fiscales y de la seguridad social que “salvaban” los recursos estatales, vemos como estos ahorros y nuevos ingresos se diluyen de diversas formas en manos de los mismos de siempre, los que han escrito nuestra historia oficial desde el poder, amparados a nivel interno por nuestra calma, silencio y conformismo cómplice. Las prioridades de nuestras autoridades no pueden ser más claras, el que tenga ojos para ver, que vea.

Una comunidad responsable de ciudadanos ya se hubiera movilizado para exigir responsabilidades al más alto nivel, y no sólo medidas de última hora, espectáculos mediáticos, discursos demagógicos y chivos expiatorios entre los rangos inferiores. Un gobierno decente no hubiera esperado presión popular para ejercer los correctivos necesarios. Pero no somos lo uno, ni tenemos lo otro, y ningún pueblo obtiene más de lo que merece y lucha.

¿Cuál es el precio a pagar? 50 vidas, por ahora, madres, niños muertos, trabajadores, estudiantes; familias humildes afectadas, y una sociedad cada vez más vulnerable física y psicológicamente por la indolencia e irresponsabilidad propia y de quienes tienen la obligación de asegurar nuestra vida, honra y bienes como asociados de este Estado.

No podemos seguir de brazos cruzados, callados, frente a este cobarde genocidio disfrazado de accidentes, mientras caen como moscas nuestros semejantes. No podemos seguir en la apatía ciudadana, simplemente contando muertos y esperando el nombre del siguiente, sin exigir a nuestras “autoridades” que den la cara al sol y asuman todas las responsabilidades que tienen, y al sistema de justicia: que investigue y sancione.

Conciencia, organización, objetividad en el análisis, constancia y unidad son herramientas que nadie puede arrebatarnos, es tiempo de despertar.

Si queremos situaciones diferentes, tenemos todos que hacer la diferencia. El ser humano primero.



Cristel De León
Vania Archibold
Octavio Vargas
Joao Quiróz Govea
Eduardo Lamphrey
Ramón H. Benjamín M.


Ciudad de Panamá, 30 de octubre de 2006

¡No hay excusa para la pobreza!

Nosotros, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, nos manifestamos dentro de la llamada global contra la pobreza “Levántate”, para que nuestros gobernantes cumplan, mediante la implantación de políticas coherentes y acordes a tal objetivo, con la promesa de atacar las causas de la pobreza declarada dentro de los Objetivos del Milenio de septiembre del año 2000.

Exigimos la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, responsabilidad pública con rendición de cuentas, comercio internacional justo, ayudas reales al desarrollo, cancelación de la deuda externa ilegítima y respeto a la autodeterminación de los pueblos, todo dentro de un marco de lucha contra la pobreza, tomando en cuenta la igualdad de género, el respeto a grupos en desventaja y la garantía de su participación en condiciones de igualdad, en fin, exigimos el respeto al derecho humano a una vida con dignidad, donde una vivienda, alimentación suficiente, acceso al agua potable y sistemas de saneamiento, servicios de salud y educación sean comunes a todos los seres humanos.

La responsabilidad a nivel nacional por crear las condiciones para satisfacer estas necesidades mediante la aplicación de políticas públicas corresponde exclusivamente al Estado panameño, por lo tanto al gobierno que administra los recursos estatales.

Hoy, tras años de aplicación de recetas económicas importadas y carentes de un estudio previo de nuestras particularidades históricas y nuestras potencialidades y necesidades sociales, las condiciones reales de existencia de nuestros pueblos siguen deteriorándose, mientras nos siguen vendiendo las bondades del crecimiento del producto interno bruto, del libre comercio, privatizaciones, inversiones extranjeras en condiciones de seguridad jurídica para los inversores e inseguridad creciente para los ciudadanos, ampliando la brecha de las desigualdades y minimizando las posibilidades de establecer un régimen de justicia social.

Un país, que no debe ser un concepto indiferente a la suma de los hombres y mujeres que lo habitan, no progresa ampliando más de lo mismo que ha sido siempre excluyente, ni elimina la deuda social con bonos de 35 balboas mensuales. Un país progresa realmente incluyendo a todos en condiciones de igualdad, con planes integrales de desarrollo que aprovechan lo ya existente junto a todas las fuerzas que en el campo y en la ciudad se encuentran.

La injusta distribución de riquezas, las leyes que protegen y promueven tales injusticias, la caída en los niveles de bienestar, la corrupción, el desempleo, el abandono de la educación, la ciencia, la salud y la cultura, la violencia inherente al sistema y sus manifestaciones en el conglomerado social, poco harán para llevarnos al primer mundo, lo que sea que esto signifique, cosa que parecen obviar nuestras autoridades.

Nuestra meta, erradicar la pobreza, debe apoyarse en puntos lógicos, herramientas disponibles y argumentos sustentables, por eso más que protestar en abstracto por la erradicación de la pobreza, planteamos el uso de políticas sociales y económicas acordes con nuestra realidad y nuestra historia, nuestra población, nuestra cultura, nuestras aspiraciones, posibilidades y necesidades.

El Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza es una coalición mundial de más de 100 países, integrada por una amplia gama de grupos, individuos y organizaciones comprometidos en la lucha constante y no coyuntural contra la pobreza, por la dignidad del ser humano y los pueblos.

El ser humano primero, ¡No hay excusa para la pobreza!

Ciudad de Panamá, 16 de octubre de 2006

Sobre la "Ley de Comisiones Militares" aprobada en los EE.UU.

Nosotros, estudiantes de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, miembros del colectivo DD.HH.UP. Derechos Humanos – Universidad de Panamá, manifestamos nuestra preocupación y enérgico rechazo a la recientemente adoptada por el Congreso de los Estados Unidos de América, “Ley de Comisiones Militares”, que constituye una aprobación de las prácticas inhumanas y contrarias al derecho internacional por parte de los militares y agentes gubernamentales estadounidenses en su llamada “guerra contra el terror”.

Exigimos el respeto y el fortalecimiento de las normas e instituciones de derecho internacional y los principios fundamentales del derecho. Exigimos progresividad e irreversibilidad en el desarrollo de los derechos humanos.

Toda la humanidad consciente y de buena voluntad, contando nuestra comunidad universitaria, tiene la responsabilidad histórica de permanecer alerta ante las futuras aplicaciones de esta ley, y sobre todo, la actitud de nuestro Estado y sus autoridades ante esta situación, ya que puede afectar a cualquier persona de la raza humana, con el solo hecho de “parecer sospechoso de terrorismo”.

Los Estados Unidos de América, en su momento bastión y punto de avance del constitucionalismo, las garantías fundamentales, el derecho internacional y los derechos humanos hoy traiciona su propia historia y pretende frenar a la fuerza y hacer retroceder el nivel de desarrollo del pensamiento humano expresado por la comunidad mundial, colocándose al margen de la ley internacional.

No existe ninguna excusa para implementar, mucho menos para justificar semejantes prácticas, que van contra de los principios fundamentales del debido proceso, no hay ninguna amenaza tan grande a la seguridad de un país que pueda convencernos de la necesidad de regresar a la barbarie oficialmente legalizada y mostrada al resto del mundo como señal de omnipotencia.

La humanidad para lograr la seguridad deseada, en una condición de verdadera libertad, debe procurar la justicia social global como base de la paz dentro de los Estados y entre los pueblos, en lugar de pretender amparar legalmente lo moral, ética, humanamente injustificable, que tanto dolor ha generado en nuestra historia: el terror de las detenciones arbitrarias, en cárceles secretas y no tan secretas, sin cargos, por tiempo indefinido, desapariciones forzadas, regímenes de incomunicación, torturas y otros tratos degradantes, de los cuales los latinoamericanos especialmente hemos sido testigos directos en un pasado tan reciente que aún sangra y nos condiciona.

Siempre hacia adelante, el ser humano primero.

Cristel De León
Vania Archibold
Eduardo Lamphrey
Joao Quiróz
Octavio Vargas
Ramón Benjamín

Ciudad de Panamá, 2 de octubre de 2006