Sobre la pobreza: más allá del discurso

Hoy, aprovechando el llamado global contra la pobreza dentro de la Campaña por los Objetivos del Milenio, declarando la insuficiencia de las buenas intenciones, hacemos un llamado contra la exclusión social.

El ejercicio desigual y perverso de las relaciones de poder, mediante procesos económicos, políticos y culturales excluyentes, genera múltiples manifestaciones que atentan contra la dignidad humana, entre las cuales está la pobreza, entendida como carencia económica frente a un indicador determinado.

Así entendida, podríamos superar nominalmente el problema de la pobreza sobrepasando cierto nivel de ingreso o consumo, sin necesariamente afrontar la desigualdad de derechos que se ejerce en la práctica, en el acceso a la salud, educación, sistema de justicia, seguridad, agua, alimentación, trabajo decente, distribución de la tierra, participación política, todas manifestaciones de un sistema social excluyente y discriminatorio.

¿Nuestro papel como ciudadanos, estudiantes y profesionales?

Exigir que las políticas públicas y de los organismos internacionales vayan más allá de maquillar la realidad manipulando las estadísticas, de llamar a días especiales contra todo y contra nada, de las conferencias y banquetes refrigerados, declaraciones vacías, fotos de sociedad, Récord Guinness y solidaridad cibernética.

Sólo la amplia participación ciudadana y la constante y radical democratización de los procesos sociales –lo que pasa por ejercer nuestros deberes y derechos como seres humanos- pueden lograr un cambio en las políticas sociales, en el contenido y papel del Estado, superando la coyuntura, el clientelismo y el generalizado parasitismo de los fondos públicos, pasando de herramientas de dependencia a instrumentos para el cumplimiento de las obligaciones del Estado hacia la satisfacción de derechos fundamentales integrales, interdependientes y progresivos, cada vez más amenazados por un orden político y económico dominante a nivel nacional y global absolutamente cuestionable, abiertamente excluyente, productor y reproductor de injustas y extremas desigualdades.

Los recursos necesarios para la mejor calidad de vida de los seres humanos existen hace tiempo, pero han sido destinados al mantenimiento de un orden basado en la explotación, la represión, la injusticia legalizada, la propaganda, el ejercicio continuo de la violencia institucional. Esto no cambiará por hermosas declaraciones, ni por la buena voluntad, la demagogia del discurso o el repentino despertar de la conciencia de aquellos hoy beneficiados.

Solamente los excluidos, en primera persona, nosotros conscientes de nuestra condición y solidarios con nuestros semejantes en mayor desventaja, trabajando en cada espacio por revertir esta amplia exclusión, podemos hacer avanzar la justicia en esta tierra.

Porque los derechos humanos son herencia de lucha de la humanidad, no podemos quedarnos en la cómoda neutralidad, en la desconexión de la realidad concreta, en la exquisitez de un discurso profesional que sólo sirve como medio de sustento individual sin ensuciarse las manos, en la inconsecuencia útil al status quo. Hoy y siempre nos manifestamos en contra de la pobreza, en contra de vivir y hacer espectáculo de la pobreza y contra toda forma de exclusión social. El ser humano primero.

Ciudad de Panamá, miércoles 17 de octubre de 2007

Breve comentario sobre la situación del sistema educativo nacional

Comunicado nº 9, Ciudad de Panamá, martes 10 de abril de 2007

Toda persona tiene derecho a la educación… La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Articulo 26, Declaración Universal de los Derechos Humanos

La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.

Artículo 13, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El derecho humano a la educación es fundamental. Relacionado con la salud integral de la persona, con su capacidad posterior de acceder a la información, expresarse, obtener un trabajo, mejorarse continuamente y mantener una identidad, ofrece al ser humano las herramientas y capacidades básicas para modificar su existencia mediante la construcción, desarrollo y puesta en práctica de conocimientos. En este proceso el sistema público de educación es piedra angular, aun considerando su inserción dentro de un sistema social conflictivo que limita y modifica sus formas y contenidos siguiendo requerimientos no definidos de manera colectiva.

No basta declarar que toda persona tiene derecho a la educación. No es suficiente decir que la educación fundamental es gratuita cuando en realidad, todos sabemos que eso es falso. Ni que es obligatoria cuando, a pesar de lo que digan las autoridades, las escuelas otra vez no están listas; cuando los maestros de nuevo no están nombrados, o llegan martes y se van jueves justo dónde mas se los necesita, o cuando no están preparados para enseñar más nada que paquetes educativos importados y afines a ciertos intereses, cuando muchos de ellos no tienen la vocación para pelear por algo más que “conquistas magisteriales”.

Incluso no bastaría si tuviésemos personal, infraestructura y materiales cuando el fin declarado del proceso educativo es hacer gente entrenada en lo necesario para el mercado en un país de servicios y nada más, en lugar de seres humanos completos en un país también completo. Pero ni eso son capaces de hacer, ni eso quieren hacer. Porque alegar improductividad, baja calidad, incapacidad de los servicios públicos educativos, es la forma ya experimentada en otras áreas para transformar nuestros derechos en privilegios, para sacar de la esfera pública las responsabilidades estatales y entregarlas al sector privado.

Nosotros jóvenes, no solamente tenemos el derecho a educarnos sino, junto al resto de los actores sociales consecuentes con un ideal de paz sin opresión, libertad real y no formal, justicia social, igualdad de oportunidades, respeto y valoración a las diferencias, tenemos la responsabilidad de exigir una educación integral como seres humanos que somos, intrínsecamente algo más que apéndices del sistema económico que impone su lógica al resto de las esferas sociales.

Mañana, los hijos de quienes hoy nos beneficiamos aun limitadamente con la educación pública, no tendrán ni siquiera ese beneficio y la lucha por la dignidad humana habrá de requerir mayores esfuerzos. Hoy podemos adoptar una posición seria, elevar nuestros niveles personales de exigencia y asimismo exigir el mantenimiento, elevación y ampliación necesaria de los beneficios sociales producto de nuestro trabajo e impuestos.

Educarse es algo más que letras, números y notas. No solamente es acceder, sino tener la posibilidad de permanecer y progresar según nuestras capacidades y deseos, recibir contenidos de calidad, que refuercen integralmente al individuo y respeten su identidad cultural.

No nos equivoquemos, aún la idea de disminuir requisitos y contenidos no es beneficio para el pueblo a largo plazo. Es reducir los niveles del instrumento de cambio por el cual debemos empezar a fortalecernos para mejorar nuestros niveles de vida. Es facilitar su entrega a quienes solamente se interesan de las cosas en función de su rentabilidad. No podemos fortalecernos si en lugar aprovechar los mínimos existentes y exigir constante y conscientemente una mejor educación, nos conformamos con aceptar gradualmente la decadencia como algo normal o como un mal sin solución.

En todo caso, debemos reconocer que todos, en mayor o menos grado somos algunos culpables, responsables y víctima de este problema, y que todos, cada uno en su trinchera, tiene algo que hacer o exigir que se haga al respecto.

Ya todos somos parte de la familia universitaria, todos tenemos la responsabilidad de mejorarnos continuamente y con una visión profundamente solidaria, ayudarnos y ayudar de verás a quien viene detrás de nosotros. Bienvenidos todos los estudiantes de primer ingreso, bienvenidos todos a la lucha.

Firmas Responsables

Cristel De León

Joao Quiróz Govea
Ramón H. Benjamín M.

Octavio Vargas

Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Sólo las personas que hemos sufrido la desaparición de un ser querido, pueden entender la clase de dolor y frustración, que es parte de nuestra vida cotidiana, una herida sin sanar”

Patria Portugal

Sobre el caso Heliodoro Portugal

Han pasado mas de 30 años desde la desaparición del líder sindical Heliodoro Portugal, hecho que junto a otros casos de violaciones a los derechos humanos ha trascendido hasta instancias legales internacionales, procurando escapar de la oscuridad que nuestro “sistema de justicia” ha propiciado para los casos de más de 140 desaparecidos durante la dictadura militar, manteniendo en la impunidad la mayoría de los autores materiales e intelectuales de estos atropellos a la dignidad humana.

Patria Portugal, hija del desaparecido, ha esperado en vano más de 10 años por una respuesta de parte del Estado panameño. En 1990, cuando pone la denuncia ante la fiscalía, la decisión del juez, a petición del fiscal, fue dar un sobreseimiento provisional que duró hasta el año 2000 con la reapertura del caso al encontrar osamentas en el antiguo Cuartel de Tocumen. En el 2001 fue citada por el Procurador General de la Nación para informarle que nuevas pruebas de laboratorio habían dado como resultado que las osamentas que ella tenía enterradas no pertenecían a las de su padre. Después de este hecho no se han dado mayores respuestas por parte del Estado panameño, en una muestra más del estado del sistema de justicia plagado de mora judicial, aplicación diferencial del derecho, encubrimiento de crímenes de una era caracterizada por la violencia contra opositores al régimen dictatorial.

El 31 de mayo de 2001 la denuncia inicial fue presentada por CEJIL y Patria Portugal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que al finalizar un año después, el 25 de octubre de 2002, su 116° período ordinario de sesiones emitió informe de admisibilidad en el caso Heliodoro Portugal contra la República de Panamá. El pasado martes 23 de enero de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó a Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la presunta desaparición forzada del líder sindical Heliodoro Portugal, ocurrida el 14 de mayo de 1970.

En respuesta, el 25 de enero de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores emite un comunicado en donde notifica que la Comisión elevó la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en la misma nota afirma que las recomendaciones hechas por parte de la Comisión Interamericana están siendo atendidas como lo es la decisión del Consejo Municipal de Panamá de designar como Heliodoro Portugal la antigua Calle “C” del Corregimiento de Santa Ana.

Esta es la segunda demanda contra Panamá por violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la primera fue por el caso Ricardo Baena y otros, dónde se llegó hasta cuestionar la competencia del mencionado tribunal para supervisar el cumplimiento de sus sentencias. Esperamos no se repita el conveniente “error”. Es principio básico del derecho internacional, respaldado por jurisprudencia, la obligación de los Estados de cumplir los pactos firmados (artículo 27 de la Convención de Viena).

Estas situaciones opacan el perfil internacional de Panamá mientras se mantiene en la desinformación a la comunidad panameña. Más allá de comisiones, el gobierno PRD debiera mostrar interés por quitarse este peso histórico de encima, ¿o es que por mantener una impunidad vestida a la fuerza de reconciliación nacional, jamás alcanzaremos verdad y justicia?

No podemos seguir demostrando conciencia por temporadas como si de moda se tratase, tal como tememos que pase con los casos del transporte público y los medicamentos. Lo que está en juego es la vida, la dignidad humana, y la convivencia social pacífica.

Existe el deber de investigar, juzgar y reparar el daño causado en éste y otros casos; existe el deber humano y ciudadano de exigir que esto se cumpla junto a un adecentamiento general del sistema de justicia, por encima de la mal entendida y peor ejercida práctica política nacional que debilita el sistema democrático.

El coraje, la perseverancia y valentía de Patria Portugal es ejemplo para nosotros. El comportamiento del Estado panameño, de los gobiernos que han ostentado el poder estatal es deplorable. Nuestra cultura ciudadana, mientras se mantenga como hoy, es inaceptable.

Cristel De León 4-742-1627

Joao Quiróz Govea 8-800-1947
Ramón H. Benjamín M. 8-726-2480

Eduardo L. Lamphrey J. PE-10-1143



Ciudad de Panamá, lunes 12 de febrero de 2007

Sobre la propuesta de reformas al sistema de salud

“Es función esencial del estado velar por la salud de la población de la República…entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social”

Artículo 109 de la Constitución Política de la República de Panamá

“El denominador común de las fallas del sistema sanitario es…una inconsecuente limitación de fondos para la salud, incumplimiento de regulaciones existentes por razones de actitudes irresponsables de la autoridad, los funcionarios públicos y el ciudadano”

Hoja de Ruta, Propuesta del Grupo Técnico de Garantes

La salud es un derecho humano fundamental para la efectividad de todos aquellos principios que procuran una existencia humana en condiciones de dignidad. Es una obligación del Estado brindar la atención para estos fines, absolutamente exigible por todo individuo en todo momento.

El servicio público de salud en nuestro país, baluarte de bienestar de clases socialmente desfavorecidas, ha experimentado un constante, progresivo y agudo deterioro en su prestación hasta el punto que el usuario parece recibir un favor cuando es atendido en su legítimo derecho. Falta de instalaciones y personal, acceso desigual, insuficiencia de equipos y medicamentos, deficiencias por todos conocidas llegaron hasta la crisis por envenenamientos de finales del año 2006.

Las causas de la deficiente prestación, reconocidas por el grupo de garantes, no hacen pensar en la necesidad de crear mayor burocracia con una nueva autoridad –ANAS- para la provisión de salud, con un ministerio definiendo la política de salud, y una Caja de Seguro Social -¡casualidad!- transfiriendo fondos, recursos humanos, equipos, insumos adquiridos con recursos provenientes del trabajo de los asegurados que históricamente han cargado con el peso de la atención de familiares –obligación del Estado- y el cinismo de gobiernos que recostados en la comodidad de nuestros aportes, vociferan constantemente la calamidad de las finanzas de nuestra Caja de Seguro Social.

Sin contrariar a los garantes, profesionales todos respetables -que no olvidaron recordar incesantemente la necesidad de mejoras salariales- consideramos que la solución integral está perfectamente descrita en el propio enunciado del problema: fondos suficientes para atender el derecho a la salud del ciudadano en cumplimiento a una política estatal al respecto desde un Ministerio de Salud equipado con todo lo necesario; el cumplimiento estricto de regulaciones existentes –y no pretender solucionar todos los problemas sociales con otra ley- pero sobre todo, actitud de responsabilidad por parte de la autoridad que no está por encima ni de la ley, ni de la Constitución, mucho menos del poder público solamente emanado del pueblo, del funcionario que también cobra de nuestros aportes, y del ciudadano: para tomar conciencia y beligerancia, salir de la pasividad cómplice de la acostumbrada irresponsabilidad, insensibilidad y falta de voluntad del gobierno, que ya está bueno que cada nuevo día nos quieran agarrar de -como se dice en buen panameño- pendejos con una nueva tergiversación de la realidad.

Y a la Caja de Seguro Social, respeto en su integridad, representación social legítima en su Junta Directiva y verdadera autonomía en el uso responsable de sus recursos, que pondría a temblar a varios sistemas legales de explotación financiera que también atentan contra la dignidad humana del pueblo panameño.

Firmas responsables:

Cristel De León 4-742-1627

Ramón H. Benjamín M. 8-726-2480

Joao Quiróz Govea 8-800-1947

Ciudad de Panamá, lunes 5 de febrero de 2007